El exfutbolista brasileño Dani Alves ha obtenido su libertad bajo fianza de 1 millón de euros ($1.1 millones) tras presentar una apelación, anunció el miércoles un tribunal en Barcelona, España. Alves, de 40 años, fue condenado por agresión sexual el mes pasado y sentenciado a 4 años y medio de prisión, de los cuales ya había cumplido más de un año.
Su abogado, Inés Guardiola, luchó contra la sentencia y, tras una audiencia el martes, Alves ha sido liberado a la espera de una resolución final en la apelación.
¿De qué dependía la liberación de Dani Alves?
La liberación de Alves también depende de la entrega de sus pasaportes español y brasileño, de permanecer en España y de acordar registros semanales en el tribunal. Además, debe cumplir con una orden de alejamiento que le impide acercarse a menos de 1,000 metros de su víctima, su hogar, su lugar de trabajo o cualquier otro lugar que frecuente conocidamente. Todas las partes involucradas: la defensa, el equipo legal de la víctima y la fiscalía, tienen tres días para apelar la decisión de hoy miércoles.
Ester García, abogada de la víctima, expresó su decepción con el fallo al medio español RAC1 después de abandonar el tribunal. "Estoy muy insatisfecha con esta decisión", dijo. "Presentaremos una apelación porque creemos que no se ajusta a la ley. Se está haciendo justicia para los ricos. Es escandaloso que liberen a alguien porque pueden conseguir 1 millón de euros en poco tiempo".
El martes, Guardiola argumentó que no había riesgo de que Alves huyera del país o destruyera pruebas, mientras que el exjugador del Barcelona compareció por videoconferencia e insistió en que no representaba un riesgo de fuga y estaba dispuesto a entregar sus pasaportes. Mientras tanto, la fiscalía solicitó una condena de nueve años, quejándose de que la condena de 4 años y medio de febrero no fue un castigo suficiente por el delito cometido.
Así ha sido el caso de Dani Alves en España
Alves fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca de Barcelona en 2022 tras una investigación de 13 meses, durante los cuales Alves permaneció en prisión preventiva, y un juicio de tres días el mes pasado. A lo largo del juicio, se presentaron pruebas del amigo y primo de la víctima, del amigo de Alves con el que estaba esa noche, de los policías que atendieron a la mujer y de un psicólogo forense que la examinó. La policía dijo que la víctima estaba muy afectada y les dijo que Alves la había agredido sexualmente, mientras que el psicólogo testificó que ella sufría síntomas postraumáticos, una conclusión que fue disputada por un experto externo llamado por la defensa.
Mientras tanto, Alves siempre mantuvo su inocencia, pero cambió su versión cinco veces, diciendo finalmente que sí tuvo relaciones sexuales con la víctima, pero que mintió para ocultar su infidelidad a su esposa. Más tarde, añadió que estaba borracho.
El caso de Alves es el primer delito sexual de alto perfil desde que España reformó su legislación en 2022 para hacer del consentimiento el elemento central en la definición de un delito sexual, en respuesta a protestas tras un caso de violación en grupo durante las fiestas de San Fermín en Pamplona en 2016. La ley, sin embargo, llevó inicialmente a sentencias reducidas para cientos de agresores sexuales, ya que estableció penas mínimas más bajas, como la aplicada a Alves, antes de que la ley fuera reformada.
